Veintisiete países del continente americano, sobre un total de 117 en el planeta, ratificaron el estatuto de Roma, que equivale a la adhesión a la Corte Penal Internacional (CPI). Desde el 29 de junio 2009, con el ingreso de Chile como país miembro, ya no falta nadie de América del Sur. Granada siguió a sus hermanas insulares de la comunidad de los Estados del Este caribeño el pasado 19 de mayo, lo que ahora reduce a siete el número de países que quedan por convencer. Hay motivos de esperanza con Jamaica y Haití. Parece todavía fuera de alcance el duo enemigo que forman Estados-Unidos y Cuba. La incógnita permanece en relación al trio centroamericano que constituyen Guatemala, Nicaragua y El Salvador.
Desde el 6 de septiembre, estos dos últimos países están solicitados en el marco de la campaña de adhesión que lleva la red de la Coalición para la CPI, contando con 2 500 ONG de 150 países. La casi vecindad de ambas naciones quizá justifica la decisión de llamarles al mismo tiempo a firmar el estatuto de Roma, contando con un posible efecto de arrastre. Esta hipótesis táctica no impide emitir una segunda, relacionada con las probabilidades muy desiguales de conseguir la adhesión de un país al otro.
Se pudiera ser optimista con El Salvador, donde el presidente Mauricio Funes, que viene de la antigua guerrilla del Frente Martí de Liberación Nacional (FMLN) convertido en partido político. Sin embargo debe dar pruebas permanentes de seguridad a los viejos enemigos de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), la formación de derecha que recicló ex jefes de escuadrones de la muerte. Enfrentando una violencia ya no política sino “de derecho común”, así como una tasa de homicidios entre las más elevadas del mundo (un promedio de 55 crímenes de sangre por año para 100 000 habitantes), las autoridades salvadoreñas, preocupadas por la paz civil y la reconciliación nacional, a priori no tienen ninguna razón de rechazar su concurso a la CPI. La adhesión, en este caso preciso, cuestiona también la utilidad a posteriori de una jurisdicción internacional competente a partir del 1ero de julio 2002, entonces incompetente para juzgar los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra que el país aguantó treinta años atrás, durante una guerra civil que hizo 100 000 muertos y por la cual nunca se pronunció justicia.
La campaña de la Coalición para la CPI se anuncia mucho más difícil en Nicaragua, donde podría enfrentarse con una hostilidad de principio. Héroe de la revolución sandinista de 1979, presidente elegido de 1985 a 1990 y regresado al poder en 2007, Daniel Ortega sin duda no olvidió el precedente del caso “El Bluff”. Remite a aquella época de la guerra civil que provocó la guerrilla de los “contras” con el apoyo de EEUU. Para preparar el terreno a la ofensiva antisandinista, Washington coloca minas en las zonas portuarias atlánticas del país. La denuncia que presenta Nicaragua contra EEUU el 9 de abril 1984 a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de Naciones Unidas en La Haya desemboca, dos años más tarde, en el juicio esperado. Condenados a pagar 17 milliones de dólares por perjuicio de “actividades militares y paramilitares” en el puerto de “El Bluff”, EEUU finalmente consiguieron la anulación de la suma que debían por la presidenta conservadora Violetta Chamorro, que sucedió a Daniel Ortega en 1990.
Este recuerdo crual no incita Nicaragua, hoy cercano al Venezuela de Hugo Chávez, a juntarse a una CPI rechazada por un “enemigo estadounidense” al pasivo cargado en materia de derechos humanos. Menos aún desde que Daniel Ortega manifestó su apoyo al “amigo libiano” Muamar Gadafi, que está acusado de “crímenes de guerra” y “crímenes contra la humanidad” por la misma CPI. Es la ley del embudo. “Esquince a la soberanía” o “brazo seculario del imperialismo”, es casi un juicio de intenciones por parte de Daniel Ortega quien, ya bajo presión, este 6 de noviembre se juega una reelección que está discutida jurídicamente.
Será que los casos nicaragüense y salvadoreño apuntan los límites de la ambición que encarna la nueva jurisdicción internacional? Presidente de la Coalición francesa por la CPI, Simon Foreman señala sobre todo la ignorancia de sus detractores. “La CPI no tiene vocación a saldar las cuentas del pasado sino anticipar los del futuro, sin embargo sin sustituirse a las jurisdicciones nacionales. ¿Quién puede lamentarse que con las adhesiones se construya una justicia universal contando con una misma y única definición del ‘crimen de guerra’ y el ‘crimen contra la humanidad’ ?”
El argumento de la “ley del embudo” no aguanta tampoco. “Demasiada gente ignora que se puede embargar a la CPI en dos casos. Sea por solicitud de los mismos Estados cuando no tienen los recursos para pronunciar justicia en condiciones reales de imparcialidad y aplicación del derecho. Lo ilustran varios ejemplos africanos como La República Democrática del Congo, Kenia, Uganda y la República centrafricana. Entonces no hay ningún atentado contra la soberanía. La CPI tiene competencia para juzgar países que se adherieron al estatuto de Roma ; no obstante, en el segundo caso, igualmente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas puede embagar a la CPI contra Estados no miembros, como Sudán, respecto a Darfur, o la Libia de hoy.”
En el haber de la CPI, que todavía no pronunció ningún juicio, Simon Foreman cita dos ejemplos más. Él de Guinea, que debe pronunciar justicia ella misma desde las masacres de 2009 después de una amenaza de embargo de la jurisdicción universal. También él de Georgia (miembro) y Rusia (no miembro) desde la incursión militar de la segunda en el territorio de la primera en 2008. “Una investigación del fiscal está en curso en ambos lados”, nota el presidente de la Coalición francesa. Los refractarios Estados-Unidos podrían, un día, rendir cuentas… a menos que repliquen con un veto en el Consejo de Seguridad de la ONU.
(Traduction Matthias Cougnaud)
Benoît Hervieu
Benoît Hervieu, Reporteros sin Fronteras, Despacho Américas .
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